En su ensayo «El transporte en el mercado libre», el ejecutivo empresarial Lovett C. Peters se queja de que «la regulación del transporte no beneficia al consumidor. La regulación lo priva del acceso al mercado libre».
Estas líneas no estarían fuera de lugar en un artículo de opinión sobre el conflicto que se está produciendo actualmente en Colombia entre los servicios de taxi tradicionales con licencia del gobierno y las aplicaciones de viaje compartido como Uber, Lyft y Cabify. El Sr. Lovett, de hecho, estaba escribiendo sobre los medallones de taxi de Boston en 1967.
Puede que el Wi-fi y los teléfonos inteligentes hayan cambiado la forma en que se prestan los servicios de transporte, pero no han cambiado los debates sobre la regulación y el libre mercado. La escasez artificial a la que se opuso Lovett en el Boston de 1967 es la misma que se creó para los taxis en la Bogotá de 2021 y, en muchos sentidos, las consecuencias son peores. La competencia de libre mercado entre los taxis tradicionales y las aplicaciones de transporte compartido debería permitirse en Colombia y en otros países de América Latina, donde dará lugar a un servicio más rápido, más eficiente y, sobre todo, más seguro.
Los clientes del transporte en Colombia llevan mucho tiempo sufriendo el mal servicio, los precios inflados y los asaltos perpetrados por los servicios de taxi colombianos. Los consumidores de Colombia se quejan de que los taxistas a menudo no quieren llevarles a su destino, no están disponibles en las horas punta y les hacen esperar un tiempo excesivo para recibir el servicio. Además, los taxistas suelen hacer rutas más largas para cobrar más. Esto es aún más frecuente cuando el cliente no conoce la ciudad o es un turista internacional. Muchos taxistas colombianos utilizan diversas técnicas para cobrar de más a los clientes. Una de ellas es redondear la tarifa al alza. Por ejemplo, si el taxímetro marca 6.700 pesos, cobran 7.000 pesos. En otros casos, el taxista finge no tener cambio, obligando al usuario a entregar el valor restante.
Sin embargo, lo que más temen los usuarios del taxi son los asaltos y el delito que se ha dado en llamar secuestro exprés. En 2013, el agente de la DEA James Watson fue asesinado en un asalto a un taxi. Fue víctima de lo que se conoce como «paseo millonario». Durante este tipo de robo, los «pasajeros son llevados a un lugar donde los cómplices del conductor están esperando. A continuación, la víctima es conducida a los cajeros automáticos, donde la obligan a sacar dinero». En ese momento se denunciaron unos 200 casos similares, y la policía dijo que el cincuenta o sesenta por ciento de los robos de taxis nunca se denuncian. En 2018, el 15 por ciento de los robos fueron perpetrados cuando la víctima estaba utilizando un servicio de transporte. Como era de esperar, esta larga lista de abusos ha hecho que los ciudadanos colombianos sean reacios a utilizar los servicios de taxi en absoluto.
En 2013, Uber llegó a Colombia como un servicio de transporte alternativo, ofreciendo un servicio de alta calidad a un precio asequible. Uber tuvo una buena acogida por parte de los usuarios. No solo ofrecía un servicio rápido, asequible y cómodo, sino que también proporcionaba a muchos desempleados una nueva oportunidad laboral. En 2016, alrededor de 30.000 conductores trabajaron para Uber Colombia una media de 3 horas al día. A finales de 2019, Uber Colombia tenía 88.000 conductores y 2 millones de usuarios. Uber trajo una oportunidad económica a corto plazo tanto para los usuarios como para los conductores.
La aplicación para teléfonos inteligentes de Uber, al igual que las de otros servicios similares de transporte compartido, también crea un nivel adicional de seguridad para los usuarios. El servicio permite a los usuarios ver el kilometraje exacto, el cargo por milla y la cantidad que se cargará a su tarjeta de débito o crédito. Los usuarios no tienen que preocuparse de tener el cambio exacto para pagar el servicio. La información de cada trayecto queda registrada y accesible. Es posible conocer el nombre del conductor, sus opiniones, su experiencia y su disponibilidad. Esa información puede ayudar a reducir los asaltos y secuestros exprés. Las funciones de seguimiento de las aplicaciones para teléfonos inteligentes dan a los consumidores un nivel de confianza adicional al utilizar el servicio, lo que aumenta la frecuencia de uso.
En Colombia, los servicios tradicionales de transporte público están muy regulados. Los taxistas deben tener una licencia especial y comprar una patente «que da a los conductores la posibilidad de poseer el derecho a operar«. Además, deben estar registrados fiscalmente. El coste de la patente, o «cupo», oscila entre 75 y 150 millones de colombianos (entre 25.000 y 50.000 dólares). Esto puede suponer hasta tres veces el coste del propio taxi. El «cupo» crea una escasez artificial, donde la oferta se reduce y los precios son altos. Los taxistas trasladan este coste a los consumidores, mientras que los conductores de Uber no lo hacen. Los conductores de Uber tampoco tienen que cumplir ninguna de las normas de transporte de Colombia, lo que significa que pueden permitirse cobrar menos por el servicio.
Desgraciadamente, el gobierno colombiano ha tomado medidas extremas para impedir la innovación en el sector del transporte y se ha puesto repetidamente del lado de los servicios de taxi tradicionales frente a Uber y otros servicios de transporte compartido. Aunque no hay una ley explícita que prohíba las aplicaciones de transporte compartido en Colombia, la falta de un «cupo» para los conductores los ha convertido en el objetivo de la policía de Tránsito, y los usuarios han publicado múltiples informes de acoso policial a los conductores de Uber.
La justicia colombiana también ha sido amigable con los servicios tradicionales de taxi. Como informó Cruz Mantilla, el 20 de diciembre de 2019, «la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó el cese inmediato de los servicios de Uber en Colombia.» Uber Colombia fue acusada de competencia desleal, desvío de clientes y conducta anticompetitiva. El 30 de diciembre de 2019, Uber impugnó el proceso judicial e inició acciones legales para proteger las inversiones extranjeras en el marco del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos de América. Uber salió de Colombia el 1 de febrero de 2020. Sin embargo, al mismo tiempo, anunció que una aplicación similar de Uber funcionaría temporalmente. Intenta eludir el fallo llamándose a sí misma un servicio de alquiler de coches y conductores. Cotech, la empresa que presentó la demanda inicial contra Uber Colombia, ya planea demandar por la nueva aplicación.
La situación actual del mercado del transporte en Colombia es injusta para todas las partes en diferentes aspectos, y debe cambiarse mediante una regulación favorable al mercado. Como se ha comentado anteriormente, la escasez artificial de servicios de taxi creada por el gobierno ha sido incómoda, injusta e incluso peligrosa para los consumidores. Ha impedido la innovación en forma de aplicaciones para teléfonos inteligentes y ha impedido la oferta adicional creada por decenas de miles de colombianos que están dispuestos a probar a conducir para Uber y otras empresas. Esto ha creado un nuevo mercado negro no regulado para los conductores de viajes compartidos. También es injusto para los taxistas tradicionales, a pesar de su apoyo al sistema actual. Debido a los costes más elevados derivados del «cupo» y de otras normativas, no pueden competir con los conductores de vehículos compartidos en materia de precios. Como los taxis tradicionales son menos responsables ante los consumidores, el comportamiento abusivo de algunos conductores ha dado mala fama a todos ellos.
Un mercado libre, en el que los taxis tradicionales y una variedad de aplicaciones para compartir viajes compitan en igualdad de condiciones, ayudaría a resolver los problemas del servicio de taxis en Colombia. La competencia mejoraría el servicio y evitaría los abusos al ofrecer mejores precios, un servicio más rápido, pagos flexibles y un mayor seguimiento de los viajes y los conductores. También eliminaría la demanda que impulsa la red de Uber del «mercado negro» que actualmente opera en grandes ciudades como Bogotá. Un mercado libre de servicios de taxi ofrece a los trabajadores el acceso a la economía «a la carta» y la posibilidad de trabajar como contratistas independientes que gestionan sus propios horarios, ubicación y frecuencia. Además, el aumento de la competencia en el sector del transporte en Colombia creará más oferta disponible y, por tanto, precios más bajos para los usuarios. Si los taxistas tradicionales se liberan de los elevados costes y de las gravosas regulaciones actuales, podrán competir en precio y servicio. El libre mercado animará a las empresas y a los particulares a seguir innovando y mejorando los servicios.
Desgraciadamente, gobiernos como el de Colombia no están seguros de cómo deben clasificar y posiblemente regular a los conductores de Uber, y el historial de Colombia con los taxis ha creado la indeseable situación actual. Es posible que el debate político se polarice aún más o incluso se corrompa, dando lugar a una legislación de mano dura, ineficaz o anticompetitiva. Los votantes de las áreas metropolitanas colombianas deben exigir a sus dirigentes que sean más eficientes, fiables y responsables. Tal vez un empresario tecnológico inteligente desarrolle algún día una aplicación para eso también.
Traducido por el Equipo de Somos Innovación
